El debate por la reforma de la Ley de Tierras Rurales volvió a instalar una fuerte discusión sobre la soberanía y el control de los recursos naturales. En ese contexto, el senador fueguino Agustín Coto, integrante del bloque de La Libertad Avanza, confirmó su apoyo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional para flexibilizar el régimen vigente y permitir una mayor participación de capitales extranjeros en la propiedad de tierras rurales.
La iniciativa, que llega al Senado en medio de una votación extremadamente ajustada, propone elevar del 15% al 25% el límite nacional de tierras rurales que pueden estar en manos de extranjeros. Además, elimina los topes que hoy rigen por provincia, municipio y departamento, dejando únicamente un límite nacional. También desaparece el máximo de 1.000 hectáreas para un mismo propietario extranjero en zonas productivas consideradas estratégicas.
Un proyecto que divide al Senado
Coto acompaña el tratamiento parlamentario del proyecto, que el Gobierno considera clave para atraer inversiones y dinamizar el mercado de tierras. Sin embargo, la reforma despertó fuertes cuestionamientos de sectores políticos, especialistas en recursos naturales y organizaciones sociales, que advierten sobre los riesgos de flexibilizar los controles en un país con extensas zonas de frontera y abundantes recursos hídricos, energéticos y ambientales.
La votación se perfila como una de las más tensas del año legislativo. Con un escenario que se mueve entre 36 a 35 y un posible empate 36‑36, el oficialismo enfrenta un clima de incertidumbre que incluso llevó al presidente Javier Milei a adelantar su viaje a Ecuador para evitar que la vicepresidenta Victoria Villarruel quede obligada a desempatar.
Tierra del Fuego, un punto sensible del debate
En el caso de Tierra del Fuego, la discusión adquiere una relevancia especial. La provincia posee una ubicación geopolítica estratégica, amplias áreas fronterizas, recursos hídricos, costas y territorios de alto valor ambiental. La eliminación de los límites provinciales genera preocupación entre quienes sostienen que podría facilitar una mayor concentración de tierras en manos extranjeras en zonas sensibles.
Coto, no obstante, sostiene la postura del oficialismo: la reforma no pone en riesgo la soberanía nacional y busca generar condiciones para atraer inversiones productivas.
Un debate que excede lo económico
La reforma de la Ley de Tierras se convirtió en un eje político de alto voltaje. Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como una herramienta para modernizar el régimen vigente, los sectores críticos alertan sobre:
- Riesgos para la soberanía territorial.
- Impacto en el acceso al agua y otros recursos naturales.
- Posible avance de proyectos extractivos sin garantías ambientales.
- Concentración de tierras en manos de grupos extranjeros.
La discusión continúa abierta y la definición dependerá de una votación extremadamente pareja en el Senado.