Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y del Carlos Pellegrini, ambos dependientes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), iniciaron este martes por la noche una toma de las instalaciones en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida comenzó a las 22 horas, tras ser aprobada en asambleas realizadas en contraturno.

El reclamo se produce exactamente dos semanas después de la marcha universitaria del 12 de mayo, que reunió a docentes, estudiantes y autoridades de todo el país.

Cómo será la toma y cuánto podría durar

Los centros de estudiantes anticiparon que la medida podría extenderse varios días, aunque su continuidad se definirá en reuniones diarias.

Ona Morgenfeld, vicepresidenta del Centro de Estudiantes del CNBA, explicó:

  • que el jueves la toma podría levantarse temporalmente por las elecciones de no docentes,
  • que el viernes podría retomarse,
  • y que la decisión final dependerá de las próximas asambleas.

Durante la toma, los estudiantes permanecerán dentro de los edificios y realizarán actividades, debates y encuentros para discutir la situación del sistema universitario.

Los motivos del reclamo

Morgenfeld señaló que el conflicto “interpela a los estudiantes desde hace años” y que la falta de financiamiento ya impacta en los colegios preuniversitarios:

  • docentes que cobran hasta un 30% menos que en otros colegios porteños,
  • profesores que deben renunciar porque “no les alcanza para vivir”,
  • y un deterioro general en las condiciones de funcionamiento.

La dirigente estudiantil también afirmó que, según información recibida, más de 400 docentes de la Facultad de Ciencias Exactas presentaron su renuncia desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

Clases públicas frente a Tribunales: docentes y estudiantes exigen que se cumpla la ley

En paralelo a la toma, docentes universitarios realizaron este 26 de mayo una jornada de clases públicas frente al Palacio de Tribunales, bajo el lema:

“Señores jueces, que Milei cumpla la ley”.

El objetivo fue visibilizar el reclamo por la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso pero suspendida por decreto del Poder Ejecutivo.

Los docentes denunciaron:

  • recortes en salarios,
  • caída de becas,
  • dificultades para sostener la investigación,
  • y problemas de funcionamiento en las universidades.

Participaron también los diputados Lucía Cámpora e Itaí Hagman, la abogada laboralista Natalia Salvo y el secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi.

Perazzi destacó:

“En dos años y medio hubo cuatro marchas universitarias como no ocurrió en décadas. La del martes pasado fue asombrosa por la cantidad de estudiantes secundarios que ya piensan en la universidad”.

La postura del Gobierno y el conflicto judicial

El gobierno de Javier Milei sostiene que no puede aplicar la ley porque rompería el “equilibrio fiscal”. Argumenta que la normativa no especifica la fuente de financiamiento para los gastos operativos y salariales del sistema universitario.

Por ese motivo, el Ejecutivo suspendió la ley por decreto.

En respuesta, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) elevó un documento a la Corte Suprema, que deberá resolver si el Gobierno está obligado a implementarla.

Un conflicto que crece

La toma de los colegios preuniversitarios se suma a:

  • las marchas federales,
  • las clases públicas,
  • los reclamos de rectores,
  • y las presentaciones judiciales.

El conflicto por el financiamiento universitario se consolida como uno de los ejes de mayor tensión entre el Gobierno y el sistema educativo.

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