Aunque el eje central de la Ley de Modernización Laboral es el ámbito del trabajo, el artículo 192 incorpora dos reformas impositivas que impactan directamente en el mercado inmobiliario. La norma, promulgada tras su publicación en el Boletín Oficial, establece la exención del Impuesto a las Ganancias para quienes alquilan propiedades con destino vivienda y para las personas humanas que venden un inmueble.
Los impuestos que se eliminan
Hasta ahora, las operaciones inmobiliarias estaban alcanzadas por:
- Impuesto Cedular: gravaba con un 15% la ganancia obtenida en la venta de inmuebles adquiridos desde 2018.
- Ganancias sobre alquileres: aplicaba a quienes alquilaban propiedades con destino casa habitación.
Con la nueva ley, ambos tributos quedan exentos para personas humanas. En el caso de los alquileres, la exención también aplica a personas jurídicas desde los ejercicios fiscales iniciados en 2026.
Retroactividad y alcance
El beneficio rige de manera retroactiva desde el 1 de enero de 2026, lo que implica que operaciones realizadas desde esa fecha ya no deberán tributar. Sin embargo, la exención no elimina los impuestos de forma definitiva: otro gobierno podría reinstaurarlos derogando la medida.
La norma distingue entre habitualistas (personas o sociedades que realizan compraventas de manera regular, quienes seguirán tributando bajo el régimen general) y quienes realizan operaciones ocasionales, que estarán exentos.
Impacto en el mercado
Según el tributarista Sebastián Domínguez, la medida “alivia la carga tributaria y equipara el tratamiento fiscal de las inversiones inmobiliarias al de los títulos públicos, con cero impuestos”.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal estimó que la rentabilidad de los alquileres podría aumentar hasta un 60% en el caso de contribuyentes con alícuotas altas, y un 17% para quienes tributan en escalas menores.
Perspectivas
La eliminación de estos gravámenes busca incentivar la inversión en el sector inmobiliario y dinamizar el mercado de alquileres. No obstante, especialistas advierten que la incertidumbre generada durante el debate legislativo demoró operaciones de compraventa y que la reglamentación pendiente será clave para definir el alcance práctico de la reforma.