La disputa judicial derivada de la causa Vialidad sumó un nuevo capítulo. Tras la caída de una demanda civil impulsada por Vialidad Nacional, los abogados que representaron a Cristina Fernández de Kirchner y a otros exfuncionarios reclaman el cobro de honorarios que, en conjunto, podrían implicar un desembolso de casi 10 millones de dólares para el Estado.
La situación se originó cuando la Justicia declaró la caducidad de una causa civil iniciada contra los condenados en el expediente Vialidad debido a que el Estado dejó de impulsar el proceso. Como consecuencia, los abogados defensores sostienen que corresponde regular y pagar sus honorarios profesionales.
Mientras Vialidad Nacional intenta evitar ese pago mediante recursos ante la Corte Suprema, los letrados de la expresidenta buscan destrabar el cobro y cuestionan la decisión de congelar la regulación hasta que el máximo tribunal se pronuncie.
Luis Goldín, el abogado que cuestionó a la Corte en un libro
Luis Joel Goldín es uno de los representantes de Cristina Kirchner en la causa civil y uno de los impulsores del reclamo por honorarios.
Tiene 37 años y dirige el estudio jurídico LG Lawyers Consulting, enfocado en litigios civiles, comerciales y procesos complejos. Su formación incluye estudios en la Universidad de Buenos Aires, especializaciones en España y una maestría en Derecho y Economía en la Universidad Torcuato Di Tella.
Además de su actividad profesional, se desempeña como docente universitario y en 2023 publicó el libro Corte Suprema de Justicia de la Nación: Estructura e ineficiencias, basado en una investigación académica sobre el funcionamiento del máximo tribunal.
También figura como accionista de una sociedad comercial constituida recientemente, con actividades que abarcan desde el sector automotor hasta servicios de gestión, asesoramiento y operaciones financieras.
Fernando Muriel, exfuncionario ligado a La Cámpora
El otro abogado que representa a la expresidenta es Fernando Muriel, dirigente identificado con La Cámpora y cercano políticamente al senador Mariano Recalde.
Durante la presidencia de Alberto Fernández ocupó la vicepresidencia del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), cargo desde el cual intervino en diversas decisiones vinculadas al sistema aeroportuario.
Entre los episodios más recordados de su paso por la función pública aparece la resolución que dispuso el cierre operativo del aeropuerto de El Palomar en 2020. También tuvo participación pública durante la pandemia, cuando defendió las medidas sanitarias implementadas en los aeropuertos argentinos.
Muriel integra además el Frente de Abogados Populares, un espacio que reúne a profesionales vinculados al peronismo y al denominado campo nacional y popular.
Cuánto podrían cobrar
Si la Corte Suprema habilita la regulación de honorarios, Goldín y Muriel percibirían una porción de los más de 13.600 millones de pesos que se encuentran en discusión.
Según los cálculos realizados en el expediente:
- Luis Goldín reclamaría alrededor de $549,8 millones.
- Fernando Muriel reclamaría aproximadamente $331,1 millones.
Entre ambos sumarían cerca de $880,9 millones, equivalentes a unos US$575.000 al tipo de cambio tomado en la regulación.
Sin embargo, la mayor parte del monto total corresponde a abogados de otros exfuncionarios involucrados en la causa.
La decisión final
Por ahora, el pago está suspendido.
La Corte Suprema deberá resolver tanto el recurso presentado por Vialidad Nacional para revertir la caducidad de la causa civil como los planteos de los abogados que buscan avanzar con la regulación de honorarios.
La definición será clave porque determinará si el Estado deberá asumir el pago millonario reclamado por los defensores o si la situación procesal cambia nuevamente.