El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) solicitó la intervención de la Cancillería argentina en el caso de la abogada Agostina Páez, quien permanece bajo prisión preventiva y con monitoreo electrónico en Brasil, acusada de realizar gestos racistas contra empleados de un restaurante en Ipanema.
Reclamo institucional
El presidente del CPACF, Ricardo Gil Lavedra, expresó que las medidas cautelares impuestas por la justicia brasileña “lucen desproporcionadas” y consideró que “es posible continuar con el proceso y que la joven pueda retornar al país”. En una nota dirigida al canciller Pablo Quirno, la entidad pidió gestiones oficiales para garantizar el pleno resguardo de los derechos de Páez como ciudadana argentina.
Gil Lavedra recordó que la Argentina “ha sostenido históricamente un firme compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos” y subrayó que corresponde activar mecanismos diplomáticos y consulares para verificar que la abogada cuente con asistencia adecuada y que el proceso respete las garantías judiciales reconocidas internacionalmente.
Apoyo desde Santiago del Estero
El Colegio de Abogados y Procuradores de Santiago del Estero, donde Páez está matriculada, también manifestó su preocupación. En una carta firmada por su presidente, Luis Alberto Miguel, la institución sostuvo que la situación “ha excedido un margen de razonabilidad” y que las medidas adoptadas “vulneran derechos fundamentales y comprometen la vigencia de las garantías procesales que rigen en todo Estado de Derecho”.
La situación judicial en Brasil
Agostina Páez permanece bajo un régimen de libertad controlada que incluye:
- Uso obligatorio de tobillera electrónica.
- Prohibición de salir de Brasil.
- Presentación mensual ante los tribunales locales, entre el 1 y el 10 de cada mes.
- Residencia obligatoria en el domicilio fijado mientras avanza la causa por injuria racial.
El caso se inició el 14 de enero, cuando fue filmada realizando gestos discriminatorios hacia empleados de un bar en Ipanema. La Policía Civil cerró la investigación el 23 de enero, considerando el video como prueba suficiente para la imputación.
La defensa de Páez, sin embargo, presentó otra grabación en la que se observa a un mozo insultándola y realizando gestos obscenos, lo que derivó en una contradenuncia por provocación previa.
Un caso con repercusión diplomática
La detención de Páez abre un frente diplomático sensible para el Gobierno argentino, que deberá balancear la defensa consular de una ciudadana con el respeto a la justicia brasileña. El pedido de intervención de la Cancillería apunta a garantizar que el proceso se desarrolle bajo estándares internacionales y que las medidas cautelares no resulten excesivas.
El caso, además, reaviva el debate sobre el alcance de las acusaciones por injuria racial en Brasil, un delito que en los últimos años ha tenido mayor visibilidad y sanciones más severas, en línea con la política de tolerancia cero hacia actos discriminatorios.