La presencia de Navitas Petroleum, una compañía israelí dedicada a la explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas, abrió un frente diplomático incómodo para el gobierno de Javier Milei. Aunque la administración libertaria mantiene vigente la sanción impuesta en 2022 por la Argentina, no avanzó con nuevas medidas y el CEO de la firma sugirió que el Presidente no expresó reparos sobre las operaciones en el archipiélago.
El tema estalló esta semana cuando el vocero presidencial Adrián Ravier admitió desconocer la situación y leyó una respuesta improvisada basada en un comunicado de Cancillería. La escena dejó expuesta la falta de una estrategia clara frente a una empresa que controla el 65% del proyecto Sea Lion, uno de los mayores desarrollos offshore del Atlántico Sur.
Una sanción vigente, pero sin nuevas acciones
Navitas Petroleum fue declarada “clandestina” en 2022 mediante la Resolución 240/2022, que la inhabilitó por 20 años para operar en Argentina. La medida se basó en la Ley 26.659 y su modificatoria, la Ley 26.915, que sancionan a compañías que exploran o explotan hidrocarburos en áreas en disputa.
La normativa también alcanzó a otras nueve firmas vinculadas a la explotación petrolera en Malvinas, entre ellas Rockhopper Exploration, Borders and Southern Petroleum y Harbour Energy.
Sin embargo, desde diciembre de 2023 el gobierno de Milei no emitió nuevas disposiciones administrativas ni judiciales. Solo publicó un comunicado el 11 de diciembre de 2025, donde rechazó las operaciones de Navitas y Rockhopper, pero sin avanzar en medidas adicionales.
Cancillería prometió entonces:
“La Argentina profundizará su plan de acción con el fin de adoptar todas las medidas adicionales necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”.
Hasta hoy, esa promesa no se cumplió.
El proyecto Sea Lion y el rol de Navitas
Navitas Petroleum, fundada en 2015 y con sede en Herzliya (Israel), adquirió entre 2021 y 2022 la participación que Harbour Energy tenía en el proyecto Sea Lion, ubicado a 220 km al norte de las Malvinas. Desde entonces controla el 65% del emprendimiento, mientras que el 35% restante quedó en manos de Rockhopper.
La empresa cotiza en la Bolsa de Tel Aviv y posee 14 activos vinculados al petróleo y el gas en distintas regiones. Su CEO, Amit Kornhauser, afirmó ante inversores que la Decisión Final de Inversión del proyecto avanzó “sin ninguna interferencia del Gobierno argentino” y con “pleno apoyo” de las autoridades británicas y de las islas.
Kornhauser incluso mencionó declaraciones de Milei que, según su interpretación, respaldarían el derecho de autodeterminación de los isleños, una postura que contradice la posición histórica de la Argentina.
No hubo respuesta oficial de Cancillería a esas afirmaciones.
Una contradicción política: alineamiento con Israel y silencio sobre Malvinas
El gobierno de Milei mantiene un alineamiento total con Israel, pero enfrenta el dilema de una empresa israelí que opera en un territorio cuya soberanía reclama la Argentina.
En Balcarce 50 aseguran que el canciller Pablo Quirno expuso el tema en foros internacionales como la OEA y la ONU, aunque no se prevén nuevas acciones concretas contra Navitas.
La situación se vuelve más llamativa porque Milei, en su discurso del 2 de abril, calificó las actividades en Sea Lion como “unilaterales e ilegítimas” y prometió “todas las medidas diplomáticas necesarias”. Nada de eso ocurrió.
Durante su visita a Israel entre el 19 y el 22 de abril, el Presidente no mantuvo reuniones con ejecutivos del sector energético ni mencionó el proyecto Sea Lion.
Quiénes lideran Navitas
La empresa está encabezada por:
- Gideon Tadmor, referente de la industria energética israelí y figura clave en los descubrimientos de los campos Tamar y Leviathan.
- Amit Kornhauser, CEO y exdirector financiero de Navitas y Delek Energy.
- Ian Ramsey, director del proyecto Sea Lion.
No hay argentinos entre los directivos ni entre los principales accionistas institucionales.
Un conflicto que crece y una respuesta que no llega
Navitas se consolidó en pocos años como un actor central en la industria petrolera de Malvinas. La falta de reacción del gobierno argentino contrasta con la dureza de la sanción vigente y con las declaraciones públicas del propio Milei sobre la soberanía.
Mientras tanto, la empresa avanza con el proyecto Sea Lion con apoyo británico y sin obstáculos por parte de la Argentina, según sus propios ejecutivos.
La contradicción entre la postura diplomática y la inacción administrativa deja al gobierno frente a un problema que combina política exterior, energía y soberanía, y que promete seguir escalando.