A simple vista, la escena parece una postal de desastre ecológico: cientos de barcos iluminados como una ciudad flotante se alinean sobre el borde exterior del mar argentino. Esa flota, integrada por buques poteros y arrastreros de banderas lejanas, opera al filo de la plataforma continental en busca de calamar illex, merluza y otras especies de alto valor comercial. Para especialistas y organismos de conservación, lo que ocurre allí constituye uno de los mayores focos de depredación ambiental del Atlántico Sur.
Las imágenes satelitales nocturnas tomadas sobre el Mar Argentino revelan un fenómeno que se repite y se agrava año tras año. Un rosario de luces, tan intenso como el de un centro urbano, se concentra justo en la frontera marítima donde termina la jurisdicción argentina. En la milla 200, límite exterior de la Zona Económica Exclusiva (ZEE), el país mantiene derechos exclusivos de explotación pesquera. Pero apenas un paso más allá, en la llamada “milla 201”, comienza el alta mar, regido por el principio de libertad de navegación y pesca.
Una flota descomunal y pérdidas millonarias
Diversos estudios privados estiman que la pesca no regulada en esa zona provoca pérdidas para la Argentina de entre US$600 y US$1.000 millones anuales. Según informes de la Prefectura Naval Argentina y de organizaciones como la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp), cada temporada se concentran allí entre 400 y 600 buques, mayormente de bandera china, aunque también operan embarcaciones coreanas, taiwanesas, españolas y de países que comercializan su insignia a armadores extranjeros.
Los datos de Fulasp son contundentes: esa flota extrae entre 1,5 y 3 millones de toneladas por año, mientras que toda la industria pesquera argentina desembarca entre 750 mil y 900 mil toneladas. Es decir, capturan hasta cuatro veces más que el sector nacional.
“El verdadero problema no es solo el volumen. El daño más grave es biológico: muchas especies están siendo capturadas antes de completar su ciclo natural”, advierte Raúl Cereseto, presidente de Fulasp.
El calamar illex, el corazón de la cadena trófica
El caso más crítico es el del calamar Illex argentinus, una especie de vida corta —uno o dos años— que cumple un rol ecológico central: es alimento de la merluza, aves marinas y mamíferos marinos. Su sobreexplotación, combinada con los efectos del calentamiento global, podría derivar en un agotamiento de recursos fundamentales para el ecosistema del Atlántico Sur.
Un estudio de Greenpeace subraya que el calamar, por su doble condición de depredador y presa, sostiene la cadena trófica regional y cumple funciones oceánicas esenciales, como el transporte de carbono y nutrientes entre ecosistemas. Su eventual colapso tendría consecuencias que exceden la pesca comercial y afectarían el equilibrio general del mar.
Legalidad, ilegalidad y un vacío normativo global
Desde la Prefectura Naval, el prefecto Sergio Almada —coordinador del Equipo Interdisciplinario para el Control del Tráfico Marítimo (Eicemar)— introduce un matiz jurídico clave: “La ilegalidad se configura recién cuando un buque cruza sin permiso hacia la ZEE argentina”. En la milla 201, en cambio, la actividad se desarrolla en alta mar, donde rigen libertades reconocidas internacionalmente.
Sin embargo, el especialista en conservación marina Milko Schvartzman, del Círculo de Políticas Ambientales, advierte: “El daño ambiental no distingue millas. Lo que pasa en la 201 incidirá en el Mar Argentino. Jurídicamente no se le puede decir ilegal allí, pero ambientalmente es una pesca altamente destructiva”.
A este diagnóstico se suma el director ejecutivo de FARN, Andrés Nápoli, quien señala que buena parte de la flota se concentra sobre el Agujero Azul, una zona de altísima biodiversidad donde confluyen corrientes frías y cálidas que atraen plancton, aves, mamíferos y peces. Para Nápoli, la única salida estructural pasa por fortalecer instrumentos internacionales como el Tratado de Alta Mar de Naciones Unidas, que permitiría crear áreas marinas protegidas fuera de las jurisdicciones nacionales.
El avance silencioso de los arrastreros
Mientras los poteros iluminan la noche patagónica, otro riesgo crece en la sombra: el avance de los buques arrastreros extranjeros, que operan los 365 días del año. Según relevamientos de Prefectura, estas embarcaciones pasaron de 86 unidades en 2020 a 146 en 2026, un aumento del 70% en apenas cinco años.
La diferencia es sustancial. El calamar capturado por la flota nacional está sujeto a planes de manejo del Inidep basados en evidencia científica. Los arrastreros, en cambio, operan sin regulación y con redes no selectivas que capturan merluza y abadejo, dos recursos transzonales de alto valor para la Argentina.
El impacto más grave ocurre en el fondo marino: las redes arrastradas sobre el lecho generan captura incidental de especies sedentarias y dañan ecosistemas vulnerables de la plataforma continental extendida. En varios muestreos se detectaron además abundantes residuos de artes de pesca.
Un límite geográfico que ya no contiene el daño
La milla 201 es, en términos jurídicos, una frontera. Pero en términos ecológicos, es apenas una línea imaginaria. Lo que ocurre allí —la sobrepesca, la captura indiscriminada, la presión sobre especies clave y la degradación del fondo marino— repercute directamente en el Mar Argentino y en la salud de todo el ecosistema del Atlántico Sur.
Para los especialistas, la solución no depende solo de la Argentina: requiere cooperación internacional, acuerdos vinculantes y la creación de áreas protegidas en alta mar. Mientras tanto, la “ciudad flotante” de la milla 201 sigue creciendo, y con ella, el riesgo de un daño ambiental que podría volverse irreversible.