El presidente Javier Milei firmó finalmente este sábado los vetos a dos iniciativas aprobadas recientemente en el Congreso: la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y la declaración de emergencia en el sector de discapacidad.
La medida, que había sido anticipada por el propio mandatario, fue confirmada por fuentes oficiales y será publicada en el Boletín Oficial el próximo lunes, cumpliendo con los plazos establecidos por la ley.
Ambas leyes habían sido aprobadas por el Senado a comienzos de julio con amplio respaldo de la oposición. Sin embargo, el Poder Ejecutivo demoró estratégicamente la oficialización del veto, con el objetivo de postergar el retorno del debate a la Cámara de Diputados. Allí, el oficialismo teme no contar con los votos suficientes para sostener la decisión presidencial, lo que podría derivar en un revés legislativo significativo.
La maniobra dilatoria fue acompañada por intensas negociaciones de la Casa Rosada con gobernadores y bloques parlamentarios aliados. Según trascendió, el Ejecutivo busca asegurar votos mediante ofrecimientos políticos que incluyen la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y acuerdos con proyección electoral para las elecciones nacionales del 26 de octubre. El oficialismo intenta así evitar una derrota en el recinto que ponga en evidencia su fragilidad parlamentaria.
Desde el Gobierno, la justificación del veto se enmarca en el plan de ajuste estructural que impulsa la administración libertaria. Según argumentan, ambas leyes resultan “fiscalmente inviables” y contrarias al objetivo central de alcanzar el déficit cero. En reiteradas oportunidades, el propio Milei dejó en claro que vetará cualquier proyecto que implique una expansión del gasto público, sin excepción.
Los proyectos vetados
La ley de movilidad jubilatoria, impulsada por sectores dialoguistas de la oposición y el peronismo, proponía una nueva fórmula de actualización que combinaba la variación de la inflación con el aumento de los salarios. Además, garantizaba un incremento mensual mínimo, superando así la actual modalidad de ajustes por decreto que viene aplicando el Gobierno desde su asunción.
Por otro lado, la ley de emergencia en discapacidad buscaba atender una problemática que viene creciendo desde comienzos de año: la discontinuidad en las prestaciones, los recortes presupuestarios y la falta de pagos a profesionales y transportistas del sector. El proyecto establecía una serie de garantías para asegurar la atención integral, el transporte y las prestaciones básicas para personas con discapacidad, en un contexto de creciente precarización del sistema.
Un futuro incierto en Diputados
Ahora, el destino de ambas leyes dependerá de lo que ocurra en el Congreso. Para rechazar un veto presidencial, se requiere una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras. Aunque en el Senado la oposición demostró tener la fuerza necesaria, la Cámara de Diputados presenta un panorama más incierto. La Libertad Avanza, con sus aliados circunstanciales, confía en que la oposición no logrará reunir los votos necesarios para revertir la medida.
Mientras tanto, el clima político se torna cada vez más tenso. Diversas organizaciones de jubilados, personas con discapacidad, profesionales del sector y agrupaciones sociales ya anunciaron movilizaciones frente al Congreso en caso de que no se avance con una solución alternativa. Algunos legisladores opositores incluso evalúan presentar nuevos proyectos que contemplen versiones adaptadas de las leyes vetadas, con el objetivo de mantener viva la discusión.
La decisión de Milei, que refuerza su perfil confrontativo y su política de ajuste, profundiza la grieta entre el oficialismo y los sectores más vulnerables de la sociedad. En medio de una recesión económica y un contexto social cada vez más delicado, el rechazo a estas dos leyes podría convertirse en uno de los puntos más críticos de su gestión, tanto desde lo institucional como en términos de legitimidad social.