La disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial luego de que la Justicia Federal declarara inconstitucional el mecanismo utilizado por el Poder Ejecutivo para impedir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución ordenó que la norma entre en vigencia de manera inmediata y representa un nuevo revés para la administración de Javier Milei en uno de los conflictos más sensibles de su gestión.
La decisión fue adoptada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, quien consideró que el Decreto 759/2025 vulneró principios constitucionales al impedir la efectiva aplicación de una ley que había sido ratificada por el Congreso luego del veto presidencial.
Según el magistrado, una vez que ambas cámaras legislativas insistieron con la sanción de la ley mediante las mayorías especiales previstas por la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo estaba obligado a cumplirla y no podía neutralizar sus efectos por otra vía administrativa.
El origen del conflicto
La controversia se remonta a 2025, cuando el Gobierno vetó la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria, una iniciativa que contemplaba la actualización presupuestaria de las universidades nacionales, la recomposición salarial de docentes y no docentes, y diversas partidas destinadas al funcionamiento, infraestructura, becas y actividades académicas.
Posteriormente, el Congreso rechazó el veto presidencial y ratificó la ley reuniendo los dos tercios de los votos requeridos en ambas cámaras.
Sin embargo, el Gobierno decidió invocar el artículo 5° de la Ley 24.629, argumentando que la norma no contaba con las previsiones presupuestarias necesarias para su implementación inmediata. Mediante esa interpretación, el Ejecutivo suspendió su aplicación efectiva.
Un “veto encubierto”, según la Justicia
En su fallo, el juez sostuvo que ese procedimiento terminó produciendo efectos equivalentes a un nuevo veto presidencial, algo que la Constitución no contempla una vez que el Congreso ha insistido válidamente con la sanción de una ley.
La sentencia señala que el Poder Ejecutivo no puede promulgar formalmente una norma y, simultáneamente, impedir su cumplimiento mediante mecanismos administrativos o presupuestarios.
Para la resolución judicial, la decisión oficial terminó constituyendo un «veto encubierto», ya que dejó sin efecto práctico una ley plenamente vigente.
Como consecuencia, el magistrado declaró inconstitucional la aplicación del decreto en ese aspecto y ordenó al Estado nacional ejecutar de manera inmediata las disposiciones previstas en la Ley de Financiamiento Universitario.
Qué establece la ley
La normativa reconoce una serie de medidas destinadas a fortalecer el sistema universitario público.
Entre sus principales puntos se encuentran:
- Actualización de los presupuestos universitarios.
- Recomposición salarial para docentes y personal no docente.
- Financiamiento para gastos de funcionamiento.
- Fondos destinados a infraestructura.
- Programas de becas estudiantiles.
- Recursos para investigación, extensión y desarrollo académico.
Las universidades nacionales y los distintos gremios del sector venían reclamando la efectiva implementación de esos recursos desde la sanción de la norma.
Crece la presión sobre el Gobierno
La resolución judicial llega en medio de un escenario de creciente conflictividad dentro del sistema universitario.
Durante los últimos meses se sucedieron paros, movilizaciones y reclamos impulsados por sindicatos docentes, trabajadores no docentes, centros de estudiantes y autoridades universitarias que denuncian una pérdida del poder adquisitivo de los salarios y dificultades presupuestarias para garantizar el funcionamiento de las instituciones.
Además, el conflicto suma ahora un fuerte componente político y judicial, ya que la sentencia obliga al Ejecutivo a instrumentar una ley cuyo cumplimiento había quedado suspendido.
Nueva marcha universitaria
La decisión judicial se conoce pocos días antes de una nueva movilización nacional convocada por organizaciones representativas del sistema universitario.
El próximo 15 de octubre está prevista una nueva Marcha Federal Universitaria impulsada por gremios docentes, trabajadores no docentes, estudiantes y rectores de universidades públicas.
Entre los reclamos figuran:
- Cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario.
- Recomposición salarial.
- Incremento de los recursos destinados a las universidades.
- Garantías presupuestarias para 2027.
La movilización se desarrollará además en paralelo al debate parlamentario del Presupuesto 2027, donde volverá a discutirse la asignación de recursos para la educación superior.
Un nuevo frente judicial para la Casa Rosada
La sentencia representa uno de los pronunciamientos judiciales más relevantes vinculados a la política universitaria de la actual administración.
Si bien el Gobierno aún puede recurrir la decisión ante instancias superiores, el fallo refuerza la posición de las universidades y de los sectores que vienen reclamando la plena vigencia de la ley.
Mientras tanto, la disputa por el financiamiento universitario continúa transformándose en uno de los principales focos de tensión institucional entre la Casa Rosada, el Congreso, la comunidad universitaria y ahora también la Justicia.