La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió revocar el sobreseimiento del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en una causa por presunto lavado de dinero vinculada a la compra de un departamento en Miami en 2011. El máximo tribunal ordenó a la Cámara Federal de Casación Penal dictar un nuevo pronunciamiento, atendiendo a las pruebas y planteos que habían sido desestimados en instancias anteriores.
La decisión del Máximo Tribunal
La resolución fue firmada por los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Pablo Candisano Mera (Cámara Federal de Bahía Blanca) y Abel Sánchez Torres (Cámara Federal de Córdoba). En disidencia, el juez Carlos Rosenkrantz consideró inadmisible el recurso y se inclinó por confirmar el cierre del caso.
El fallo cuestionó la actuación de la Cámara de Casación, al señalar que había soslayado los argumentos de la Fiscalía sin dar respuesta a los planteos sobre la arbitrariedad del sobreseimiento. “No constituye una derivación razonada del derecho vigente conforme a las constancias obrantes en la causa”, advirtieron los jueces, quienes remarcaron que no se trataba de una “excursión de pesca” sino de la necesidad de profundizar medidas de prueba relevantes.
El origen de la investigación
La causa se inició en 2016, tras el escándalo internacional de los Panamá Papers, a partir de una denuncia impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). El expediente indaga la adquisición de un inmueble en Miami por 402.963 dólares, realizada por la sociedad “Icon Unit 1704”, constituida por Macri y su entonces esposa con un capital inicial de apenas 10.000 dólares.
Según la información aportada por la ex AFIP, los fondos provinieron de dos préstamos: uno del Bac Florida Bank por 219.000 dólares y otro de la firma uruguaya Fawsley SA por 184.000 dólares. Este último fue posteriormente cedido a una sociedad panameña, Cometas Company Inc., adquirida por una hermana del dirigente.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, había dictado el sobreseimiento de Macri y otros imputados, decisión confirmada por la Cámara Federal de San Martín en 2019. Sin embargo, la Fiscalía apeló al considerar que el cierre era prematuro. La Casación declaró inadmisible el recurso, lo que motivó la intervención de la Corte Suprema.
Argumentos de la Fiscalía
El fiscal Mario Villar sostuvo que la Casación había incumplido compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de lucha contra la corrupción y el lavado de activos. En su recurso extraordinario, señaló que la evidencia recolectada no era suficiente para decretar el sobreseimiento y que existían sospechas de que el préstamo declarado era simulado, lo que generaba dudas sobre el origen real de los fondos.
El dictamen también destacó que la operación había generado un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) en la AFIP y que la Unidad de Información Financiera había intervenido en el caso. Asimismo, se subrayaron las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE respecto de la compra de inmuebles mediante sociedades offshore y la utilización de autopréstamos como mecanismo de blanqueo.
Repercusiones políticas
Fuentes cercanas al jefe de Gobierno porteño afirmaron que Jorge Macri “respeta la decisión de la Corte” y que seguirá demostrando que no existió delito. La resolución, sin embargo, reabre un capítulo judicial sensible para el dirigente, en un contexto en el que la transparencia patrimonial de los funcionarios públicos se encuentra bajo un escrutinio cada vez más estricto.
La decisión del Máximo Tribunal marca un precedente relevante en materia de control judicial sobre causas de lavado de activos y corrupción, al exigir que las instancias inferiores den respuesta fundada a los planteos de la Fiscalía y no cierren expedientes sin un análisis exhaustivo de las pruebas.