La decisión del Gobierno de Javier Milei de retirar por completo el capítulo de extranjerización de tierras de su proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” —tras 17 versiones y cuatro sesiones frustradas— dejó al oficialismo frente a una derrota política que expone su fragilidad parlamentaria y abre interrogantes sobre cómo negociará las próximas reformas clave: la Reforma Electoral, el Súper RIGI, la Carta Orgánica del Banco Central, la modificación de Zonas Frías y el Presupuesto 2027.
El mensaje de gobernadores aliados y bloques dialoguistas fue contundente: si La Libertad Avanza no eliminaba el capítulo tres, el corazón del proyecto, no habría respaldo. La presión terminó por desarmar la iniciativa más sensible del oficialismo, que buscaba flexibilizar los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.
Un proyecto que se desmoronó pese al esfuerzo del Ejecutivo
El ministro Federico Sturzenegger, autor material de la ley, defendió el proyecto en la Comisión de Acuerdos del Senado y mantuvo a su equipo técnico trabajando durante semanas para ajustar la redacción sin alterar su esencia. La titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, negoció con aliados y logró que Sturzenegger aceptara introducir límites para destrabar la votación.
Incluso el presidente Milei adelantó su viaje a Colombia y Ecuador para evitar que la vicepresidenta Victoria Villarruel, abiertamente opuesta al proyecto, quedara en posición de desempatar en el Senado.
Pese a todo, la ley no reunió los votos. Y la marcha atrás generó pases de factura internos entre libertarios y ex PRO.
Un Senado que marca límites al oficialismo
LLA cuenta con 21 senadores y 95 diputados, y depende del PRO, la UCR y los bloques provinciales para alcanzar quórum y aprobar sus reformas. Precisamente esos sectores fueron los que se plantaron frente al capítulo de tierras, en un contexto de caída de la aprobación del Gobierno en encuestas y creciente presión social.
La sesión del 16 de julio fue un punto de inflexión: un día después de que la Selección Argentina levantara una bandera de “Las Malvinas son argentinas” en el Mundial, la épica nacionalista llegó al Senado. Aliados temían quedar “pegados” a una ley que habilitaba la venta ilimitada de tierras en medio de un clima de sensibilidad territorial. Bullrich pidió un cuarto intermedio para evitar una derrota pública.
Presión social, gobernadores en contra y un poroteo adverso
En las semanas siguientes, la conversación digital se volvió masivamente negativa y comenzaron a aparecer carteles contra senadores aliados. La marcha convocada frente al Congreso terminó de inclinar la balanza.
Los gobernadores de Neuquén, Misiones y Tucumán rechazaron abiertamente el capítulo de tierras, que incluía:
- Un tope del 25% de tierras en manos extranjeras a nivel nacional.
- Sin límites municipales.
- Sin restricciones en zonas rurales estratégicas.
- Eliminación del máximo de 1.000 hectáreas por propietario extranjero.
Con esos rechazos, más los votos del peronismo, radicales como Abad y Fama, la cordobesa Vigo, los santacruceños y los santiagueños, el poroteo quedó en negativo. A contrarreloj, se sumaron también Kroneberger (UCR) y Royón (Salta).
Incluso algunos senadores del PRO admitieron que “no estaban dadas las condiciones” para aprobar la ley.
Bullrich prioriza la alianza parlamentaria
Sin margen, Bullrich se reunió con los aliados en el despacho del radicalismo y optó por preservar la relación con los 44 senadores dialoguistas que permitieron aprobar proyectos complejos este año, como el Presupuesto 2026, la reforma de Glaciares y la Reforma Laboral.
El proyecto quedó reducido a cuatro capítulos sobre expropiaciones, desalojos exprés y uso de tierras afectadas por incendios. Pero perdió el capítulo que más interesaba al oficialismo.
Una derrota que condiciona la agenda de Milei
La caída del capítulo de tierras:
- Expone la fragilidad del oficialismo frente a sus aliados.
- Complica la negociación de reformas estructurales.
- Debilita a Patricia Bullrich dentro de la mesa política libertaria.
- Muestra que la presión social y territorial puede frenar iniciativas clave.
Con reformas de alto impacto en camino, el Gobierno enfrenta un escenario legislativo más incierto que nunca.