En una sesión marcada por fuertes tensiones políticas y maniobras parlamentarias de último momento, el Senado de la Nación aprobó la reforma del régimen de Zona Fría, una iniciativa impulsada por el oficialismo que modifica el alcance de los subsidios al consumo de gas natural y reduce la cantidad de beneficiarios alcanzados por el esquema vigente.
La iniciativa fue sancionada con 38 votos afirmativos y 8 negativos, luego de un debate en el que el principal foco de discusión estuvo puesto en el impacto que tendrá la medida sobre millones de usuarios que actualmente reciben descuentos en sus facturas de gas.
La nueva normativa establece que el beneficio será mantenido para los usuarios residentes en la Patagonia, la región de la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, considerados históricamente como zonas de bajas temperaturas y elevado consumo energético. Asimismo, conservarán los subsidios determinados grupos considerados vulnerables, entre ellos los hogares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), los veteranos de la Guerra de Malvinas y las familias que cuenten con integrantes poseedores del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La votación se desarrolló en un contexto de fuerte confrontación política. Sectores de la oposición cuestionaron la iniciativa y buscaron impedir su avance mediante la falta de quórum, situación que derivó en la ausencia de gran parte de los integrantes del bloque peronista al momento de la definición legislativa. Sin embargo, el oficialismo logró reunir el respaldo necesario gracias al acompañamiento de sus propios legisladores, representantes de bloques provinciales y parte de la oposición dialoguista.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a corregir distorsiones generadas por la ampliación del régimen realizada años atrás, que había incorporado a numerosas localidades de distintas provincias al esquema de subsidios. Según la postura oficial, la nueva ley permitirá focalizar la ayuda estatal en las regiones más frías del país y en los sectores sociales con mayores necesidades económicas, reduciendo al mismo tiempo el costo fiscal del programa.
No obstante, los críticos de la iniciativa advierten que miles de hogares ubicados en regiones que actualmente reciben el beneficio podrían enfrentar incrementos significativos en sus facturas energéticas. Legisladores opositores señalaron que muchas de esas localidades registran condiciones climáticas que continúan justificando la asistencia estatal, independientemente de la situación económica de sus habitantes.
Uno de los aspectos más llamativos de la votación fue la diversidad de apoyos que consiguió el proyecto. La Libertad Avanza aportó la mayor cantidad de votos favorables, acompañada por legisladores del PRO, sectores de la Unión Cívica Radical, representantes de partidos provinciales y algunos integrantes del peronismo que decidieron respaldar la iniciativa.
Entre los senadores que votaron afirmativamente se destacaron Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Luis Juez, Patricia Bullrich, Francisco Paoltroni, Juan Carlos Pagotto y María Belén Monte de Oca, entre otros representantes oficialistas. También acompañaron miembros de fuerzas provinciales de Misiones, Neuquén, Tucumán, Jujuy, Salta, Chubut y Corrientes, además de los peronistas Guillermo Andrada y Sandra Mendoza.
Por el contrario, los ocho votos negativos provinieron principalmente de legisladores radicales y representantes de provincias que podrían verse particularmente afectadas por los cambios introducidos al régimen. Entre ellos se encontraron los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, los santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto, el bonaerense Maximiliano Abad, el pampeano Daniel Kroneberger y los santacruceños Natalia Gadano y José Carambia.
La aprobación de la reforma representa una nueva victoria legislativa para el oficialismo en materia económica y energética, al tiempo que reabre el debate sobre el alcance de los subsidios públicos y el criterio utilizado para su distribución. Mientras el Gobierno sostiene que la medida permitirá racionalizar el gasto estatal y concentrar la asistencia en quienes más la necesitan, diversos sectores políticos y sociales anticipan que seguirán cuestionando una decisión que, aseguran, podría traducirse en un incremento de los costos energéticos para miles de familias de distintas regiones del país.
Con la sanción definitiva de la ley, el Poder Ejecutivo deberá avanzar ahora en la reglamentación de los cambios y determinar el universo exacto de usuarios que continuarán percibiendo los descuentos, un aspecto que será observado con atención por provincias, empresas distribuidoras y consumidores de todo el país.