El Poder Judicial, a través de la Escuela Juficial y del área de Acceso a Justicia en el marco del programa “Acercándonos a la Comunidad”, llevó adelante una serie de jornadas de trabajo junto al Ministerio de Educación, con el objetivo de fortalecer la articulación institucional y brindar herramientas para la intervención ante posibles situaciones de vulneración de derechos en la niñez.
La propuesta, que se llevó a cabo en el IPRA los días 4 y 5 del corriente, se desarrolló mediante talleres destinados a psicólogos y trabajadores sociales de los equipos de gabinete de los niveles inicial y primario, con una participación total de 80 profesionales.
Las jornadas, diseñadas como un espacio de intercambio, fueron impulsadas por las Lic. en Psicología de los equipos interdisciplinarios: Solange Bressan, de la Fiscalía de Género y Sandra Barbera, del Juzgado de Familia y Minoridad Nº 2 ambas de DJN en coordinación y articulación con la directora de Gabinete de Psicopedagogía y Asistencia al Escolar, Marcela Montani, y el Supervisor de Gabinete de Psicopedagogía y Asistencia al Escolar Río Grande, Fabricio Bustos y la Dra. Graciela Pérez Vera de Acceso a Justicia del Poder Judicial .
En el encuentro se abordaron temáticas vinculadas a los fueros de Familia y Penal, con el objetivo de ampliar las herramientas de los equipos educativos ante posibles situaciones de vulnerabilidad de derechos a las infancias, promoviendo un abordaje articulado con el sistema de justicia.
El primer encuentro contó con la participación de la Fiscal de Género, Dra. María Mónica Macri y la Lic. en Psicología Solange Bressan. En tanto, la segunda jornada incluyó la intervención de la Jueza de Familia, Dra. Marina Montero, junto a la Lic. en Psicología Sandra Barbera.
El proyecto se concretó de manera conjunta entre representantes del Poder Judicial y del Ministerio de Educación, y contó además con la participación de del Defensor ante el Superior Tribunal de Justicia, y Secretario de la Escuela Judicial Dr. Jesus Gonzalez Saber.
Estas acciones forman parte de una política institucional orientada a consolidar vínculos con la comunidad educativa y a fortalecer el trabajo conjunto entre organismos, con el fin de garantizar una intervención temprana y eficaz en la protección de niñas, niños y adolescentes.