El Gobierno nacional avanzó con un nuevo paso en su proceso de reducción de la participación estatal en el sector energético al oficializar la venta de tres de las principales centrales termoeléctricas del país. La medida, formalizada mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, habilita el inicio del proceso de licitación de activos que actualmente se encuentran bajo la órbita de Energía Argentina S.A. (Enarsa).
La decisión forma parte de la estrategia oficial orientada a desprenderse de empresas y participaciones estatales para obtener recursos frescos y profundizar el retiro del Estado de actividades productivas. Según estimaciones del mercado, la operación podría generar ingresos superiores a los 800 millones de dólares para las arcas públicas.
Las primeras centrales incluidas en el proceso son Termoeléctrica Manuel Belgrano, ubicada en Campana, provincia de Buenos Aires, y Termoeléctrica José de San Martín, emplazada en Timbúes, Santa Fe. A través de la normativa, Enarsa quedó autorizada a vender sus participaciones mayoritarias en ambas compañías, equivalentes al 65,01% y al 68,83% respectivamente.
Se trata de dos instalaciones estratégicas para el sistema eléctrico nacional. En conjunto aportan cerca del 10% de la energía demandada por todo el país y constituyen una de las bases de generación térmica dentro del mercado eléctrico argentino.
El fin de un modelo surgido durante la crisis energética
El origen de estas centrales se remonta a comienzos de la década de 2000, cuando el Estado impulsó un mecanismo especial para financiar nueva infraestructura energética en medio de las restricciones que atravesaba el sector.
A través del Fondo para Inversiones Necesarias que permitan Incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (Foninvemem), las acreencias que las empresas mantenían frente al sistema fueron transformadas en inversiones destinadas a la construcción de nuevas centrales de ciclo combinado.
Como resultado de ese esquema, el Estado conservó el control accionario mayoritario mientras distintas compañías privadas quedaron incorporadas como accionistas minoritarios. Con el vencimiento de los fideicomisos que administraban ambas usinas, quedó habilitado el camino para su privatización definitiva.
La tercera central también será privatizada
El proceso incluirá además a la Central Termoeléctrica Guillermo Brown, aunque su salida al mercado se concretará en una etapa posterior.
La razón es que el fideicomiso que administra esa planta finaliza recién a fines de septiembre. Una vez concluido ese proceso, Enarsa tomará formalmente el control accionario correspondiente para posteriormente avanzar con su venta mediante una licitación pública.
Con esta tercera operación, el Gobierno espera completar la salida estatal de uno de los segmentos más importantes del negocio de generación térmica.
Continuidad del plan de desinversión energética
La privatización de las centrales se suma a otras operaciones ejecutadas durante la actual administración.
Anteriormente, el Estado concretó la venta de su participación en Transener, una operación que reportó aproximadamente 356 millones de dólares. También avanzó con las concesiones de varias centrales hidroeléctricas del Comahue, que generaron ingresos adicionales cercanos a los 700 millones de dólares.
Desde el Ministerio de Economía consideran que estas medidas permiten obtener recursos extraordinarios, reducir compromisos futuros de inversión pública y promover una mayor participación privada en la generación y transporte de energía.
Empresas privadas parten con ventaja
Uno de los aspectos más relevantes del proceso es la existencia de accionistas privados que ya participan en las centrales.
Empresas como Pampa Energía, Central Puerto y AES forman parte actualmente de la estructura societaria de estas usinas y cuentan con derechos estatutarios de preferencia. Esto significa que, ante una oferta de un tercero interesado, tienen la posibilidad de igualarla o mejorarla para quedarse con el paquete accionario ofrecido.
Esa situación podría influir en el interés de potenciales inversores externos, ya que reduce las posibilidades de adquirir el control efectivo de las compañías sin competir directamente con los actuales socios.
Debate sobre los inversores extranjeros
Otro de los puntos que genera expectativa es la posible incorporación de restricciones para empresas controladas por estados extranjeros.
Fuentes del sector indican que los pliegos definitivos podrían incluir limitaciones similares a las aplicadas recientemente en otras licitaciones energéticas, lo que restringiría la participación de compañías estatales de determinados países en el proceso de compra.
Además, los analistas señalan que la valuación de las centrales presenta desafíos particulares debido a los recientes cambios regulatorios en el mercado eléctrico y a la dificultad de proyectar ingresos futuros en un contexto de transformación del sistema energético argentino.
Un cambio estructural en la política energética
La decisión refleja una de las principales definiciones estratégicas de la administración Milei: reducir la presencia del Estado en la generación de energía y transferir esas actividades al sector privado.
A diferencia de los procesos de privatización desarrollados durante la década de 1990, la normativa no contempla mecanismos de propiedad participada para los trabajadores de las empresas involucradas. Esto implica que los empleados no tendrán acceso a paquetes accionarios derivados de la operación.
Con el inicio de las licitaciones, el Gobierno busca acelerar su programa de privatizaciones y consolidar una reconfiguración profunda del sector energético argentino, confiando en que la inversión privada asuma un rol cada vez más relevante en la producción y administración de infraestructura estratégica.