El Gobierno nacional oficializó este miércoles la primera paritaria rural homologada bajo la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802, un hito que marca el debut del nuevo esquema de negociación colectiva impulsado por la administración de Javier Milei. La Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, formalizó el acuerdo salarial del sector agrario y lo presentó como un avance hacia un sistema “más moderno, ágil y transparente”.
La ministra Sandra Pettovello celebró la medida en redes sociales y la calificó como “un hito histórico en materia laboral”, al destacar que por primera vez el salario rural se fija mediante el régimen de la Ley 14.250, con homologación directa de la autoridad laboral, y no a través de resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), como ocurría desde hace décadas.
Un acuerdo negociado entre UATRE y las entidades del agro
El convenio fue firmado entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las principales entidades empleadoras del sector: Coninagro, CRA, Sociedad Rural Argentina, CAME y Federación Agraria Argentina.
El acuerdo fija las remuneraciones mínimas para el personal permanente de prestación continua comprendido en la Ley 26.727, además de categorías específicas como:
- tractoristas,
- trabajadores porcinos,
- personal olivícola,
- aplicadores de fitosanitarios,
- empleados del sector cáñamo,
- operarios de riego presurizado,
- tareas de alambrado en Patagonia.
Los incrementos se aplicarán de manera escalonada entre marzo y julio de 2026, con extensiones hasta agosto o septiembre según la actividad.
Los números del acuerdo: salarios, adicionales y categorías testigo
Para la categoría Peones Generales, el jornal mínimo pasó de $44.913,61 en marzo a $47.880,16 desde mayo y hasta julio. En términos mensuales, el salario básico asciende a $1.088.358,51, sin incluir antigüedad ni zona desfavorable.
El convenio mantiene la tradicional metodología de “categoría testigo”, que sirve como base para definir el resto de las escalas. También ratifica beneficios del régimen agrario:
- Antigüedad: 1% por año hasta 10 años y 1,5% a partir de ese período.
- Zona desfavorable: adicional del 20% para Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En actividades específicas:
- Aplicadores de fitosanitarios: salario mensual desde mayo de $1.761.296,80 para “Peón auxiliar”.
- Conductores de equipos autopropulsados: superarán los $2,5 millones mensuales.
- Olivícola: incrementos entre mayo y septiembre, con jornales para personal de riego calificado que llegarán a $60.596,75 en julio.
El acuerdo incorpora además una cláusula de revisión, que habilita a reabrir la negociación si las condiciones económicas erosionan las remuneraciones pactadas. También establece una cuota de solidaridad del 2% para trabajadores no afiliados a UATRE.
El Gobierno celebra un “avance institucional”
Para la administración Milei, la homologación representa un cambio estructural: el salario rural deja de fijarse por resolución administrativa y pasa a surgir de la negociación entre partes, bajo el paraguas del régimen general de convenios colectivos.
El comunicado oficial sostuvo que la medida “fortalece el diálogo social”, otorga “mayor previsibilidad y seguridad jurídica” y constituye “un avance en materia de institucionalidad laboral”.
Críticas de UATRE: “No es un hecho histórico, es una regresión”
La celebración oficial no fue compartida por el sindicato. El secretario general de UATRE, José Voytenco, cuestionó duramente el nuevo esquema y aseguró que la reforma implica “una regresión en la negociación colectiva”.
Entre sus críticas, señaló:
- que el sistema anterior de la CNTA permitía cerrar resoluciones salariales “en 48 horas”,
- que el nuevo mecanismo generó “45 días de demora” por “trabas burocráticas”,
- que el aumento homologado “es a marzo” y que “la inflación ya se lo comió”,
- que el régimen “es un traje a medida para el sector empresario”,
- y que “no respeta la estacionalidad ni las particularidades del trabajo rural”.
Voytenco concluyó que el nuevo modelo “vuelve a cortar el hilo por lo más delgado: los trabajadores”.
Un debut que anticipa un debate más profundo
La homologación de la primera paritaria rural bajo la reforma laboral abre un escenario de disputa entre el Gobierno, que busca consolidar un nuevo paradigma de negociación colectiva, y los sindicatos, que advierten por pérdida de derechos, demoras y menor capacidad de presión.
El sector rural, históricamente atravesado por tensiones entre productividad, estacionalidad y condiciones laborales, se convierte así en el primer campo de prueba de una reforma que promete reconfigurar el mapa laboral argentino.