El fiscal federal Franco Picardi apeló la resolución de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien había ordenado archivar la causa por la toma de deuda de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La decisión judicial, dictada el lunes 2 de febrero, fue cuestionada por el fiscal, que consideró que el cierre del expediente fue “prematuro” y “vulneró el principio acusatorio”.
Ese mismo día, el presidente Javier Milei firmó un decreto para que el Estado deje de ser querellante en la causa, instruyendo a la Procuración del Tesoro a cesar su intervención en el expediente iniciado en 2019 por el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno.
Los argumentos del fiscal
En su dictamen, Picardi sostuvo que la jueza realizó una “evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas”, sin cumplir con las exigencias mínimas de fundamentación.
El fiscal recordó que el préstamo con el FMI ascendió a USD 57.100 millones, y que los funcionarios que lo impulsaron lo justificaron con objetivos como reducir la deuda pública, bajar la inflación, restaurar la confianza en el mercado y disminuir la pobreza.
Entre los puntos más duros de la apelación, Picardi señaló:
- Falta de intervención del Congreso.
- Ausencia de participación formal del Presidente, Jefe de Gabinete y Ministro de Finanzas.
- Incompetencia del Ministerio de Hacienda en la firma del acuerdo.
- Expediente simulado con posterioridad.
- Falta de traducciones oficiales al español.
- Deficiencias en la transparencia del proceso.
El fiscal advirtió que debe profundizarse la investigación sobre la hipótesis de malversación de caudales públicos, al considerar que los funcionarios actuaron de manera “arbitraria y discrecional” en la administración de la mayor deuda de la historia argentina.
El rol de la Cámara Federal
La apelación será resuelta por la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens. Bertuzzi y Bruglia fueron trasladados a esos cargos durante la presidencia de Macri, situación que derivó en un litigio judicial y en un fallo de la Corte Suprema que ordenó concursar los puestos. El caso actualmente está en análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Contexto político y judicial
La jueza Capuchetti, designada durante el gobierno de Macri, enfrenta críticas de sectores del peronismo por su actuación en causas sensibles, como la investigación del intento de homicidio contra Cristina Fernández de Kirchner en 2022.
La decisión de Milei de retirar al Estado como querellante y la apelación de Picardi reavivan la tensión política en torno a la deuda con el FMI, un tema de fuerte impacto institucional y comunitario.