El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para fortalecer la Ley de Inocencia Fiscal, luego de comprobar que el ingreso de los llamados “dólares del colchón” al sistema financiero quedó muy por debajo de lo esperado. La iniciativa busca ofrecer mayores garantías jurídicas a los ahorristas, pero tributaristas y especialistas coinciden en que el principal obstáculo sigue siendo la desconfianza estructural hacia el sistema financiero argentino y la estabilidad de las reglas de juego.
El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que la nueva propuesta surgió tras advertencias de expertos tributarios. Según explicó, el objetivo es despejar dudas y asegurar que quienes depositen sus dólares queden protegidos “independientemente de quién sea el gobierno de turno”.
Caputo reiteró que el Banco Central estima que hay USD 170.000 millones fuera del sistema, más de cuatro veces los depósitos en dólares del sistema financiero. Formalizar esos fondos, sostuvo, permitiría bajar impuestos sin aumentar la presión tributaria, en un contexto de récord exportador y compras diarias del BCRA por USD 100 millones.
La desconfianza pesa más que cualquier beneficio fiscal
Para Maximiliano Batista, socio de Martínez de Hoz & Rueda, el problema no es la ley sino la percepción de riesgo sobre el sistema bancario argentino. Recordó antecedentes que alimentan el temor de los ahorristas:
- el fallo Peralta de la Corte Suprema (1990),
- la Ley de Intangibilidad de los Depósitos (2001), que no evitó el corralito.
A su juicio, la solución es económica más que jurídica: mientras los bancos argentinos ofrezcan menor seguridad y menores rendimientos que otros mercados, será difícil atraer depósitos en dólares.
El tributarista Pablo Judkovski coincidió: “Los capitales migran hacia sistemas más robustos que Argentina aún no ofrece”. Para él, ninguna modificación normativa será suficiente si persiste la incertidumbre financiera.
Temores tributarios: el otro freno a la bancarización
Desde una mirada fiscal, Daniel Ricardo García (LexTax Advisory) señaló que la ley mejoró aspectos impositivos, pero no logró eliminar el temor histórico hacia el organismo recaudador. Muchos contribuyentes temen:
- futuras determinaciones impositivas,
- denuncias penales,
- pedidos para justificar el origen de los fondos.
Según datos de ARCA, hasta mayo se habían adherido 94.500 contribuyentes, cifra considerada baja frente al universo potencial. García remarcó que la ley “no crea un blanqueo”, sino que solo limita facultades de control.
Judkovski agregó que, aun con mayor protección tributaria, los bancos seguirán exigiendo documentación por normas internacionales de prevención de lavado.
Qué cambios reclama el Gobierno y qué piden los especialistas
Caputo adelantó que el proyecto incorporará garantías adicionales para los contribuyentes. Los tributaristas sugieren:
- establecer un efecto liberatorio real,
- impedir que los fondos exteriorizados se usen para reconstruir incrementos patrimoniales pasados,
- coordinar reglas entre ARCA, BCRA, UIF y bancos,
- reforzar la protección de la información fiscal,
- excluir fondos provenientes de delitos graves.
La CAME pidió sumar beneficios para pymes:
- suspensión temporal de embargos y ejecuciones,
- reducción de multas,
- planes de pago de hasta 48 cuotas con condonación parcial de intereses.
Sin confianza, los dólares seguirán fuera del sistema
Aunque los especialistas valoran algunos cambios, ninguno cree que una modificación legal alcance por sí sola para revertir el fenómeno. La clave, coinciden, es:
- estabilidad económica,
- reglas previsibles,
- seguridad jurídica sostenida,
- un sistema financiero más sólido y competitivo.
El Gobierno insiste en que esos recursos podrían transformarse en inversión, crédito y crecimiento. Pero, por ahora, la conclusión de los expertos es contundente: mientras persistan las dudas, los dólares seguirán mayoritariamente fuera del circuito formal.