Argentina dio un paso decisivo en uno de los litigios internacionales más costosos de su historia. La jueza federal de Nueva York Loretta Preska formalizó la anulación de la sentencia que había condenado al país a pagar alrededor de US$ 16.000 millones por la expropiación de YPF, al incorporar al expediente el fallo favorable dictado meses atrás por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.
La resolución, fechada el 19 de octubre, dejó sin efecto la porción central de la sentencia de primera instancia que reconocía el reclamo por incumplimiento contractual contra el Estado argentino. Aunque el caso aún no está completamente cerrado, la decisión coloca a la Argentina muy cerca de dar por terminado el histórico proceso judicial.
Qué decidió Preska
La magistrada ordenó anular la parte de su fallo de septiembre de 2023 que había otorgado una indemnización multimillonaria a los demandantes.
Además, dispuso que el reclamo por incumplimiento contractual contra la República Argentina fuera desestimado, en cumplimiento de lo resuelto anteriormente por la Cámara de Apelaciones.
La medida no constituye un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sino la formalización procesal de una decisión que ya había sido adoptada por el tribunal superior en marzo de 2026.
Cómo nació el conflicto
El origen del juicio se remonta a 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol.
Posteriormente, los fondos Petersen Energía y Eton Park sostuvieron que el Estado argentino incumplió el estatuto de la petrolera al no lanzar una oferta pública de adquisición sobre las acciones del resto de los accionistas tras la toma de control de la empresa.
La demanda fue presentada en los tribunales de Nueva York debido a que las acciones de YPF cotizan en Wall Street.
Con el tiempo, Burford Capital adquirió los derechos litigiosos de los demandantes y se convirtió en uno de los principales impulsores del reclamo.
La condena de US$ 16.000 millones
En septiembre de 2023, Preska había fallado a favor de los demandantes.
La sentencia establecía una indemnización cercana a los:
- US$ 8.400 millones por daños y perjuicios.
- US$ 7.600 millones por intereses.
El monto total rondaba los US$ 16.100 millones, una cifra considerada una de las mayores condenas económicas enfrentadas por la Argentina en tribunales extranjeros.
El fallo que cambió todo
El 27 de marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia.
Los jueces consideraron que:
- El estatuto de YPF no podía interpretarse automáticamente como un contrato que habilitara una demanda indemnizatoria contra el Estado argentino.
- La legislación argentina sobre expropiaciones tenía prevalencia sobre las disposiciones societarias invocadas por los demandantes.
- YPF no debía asumir ninguna responsabilidad por los reclamos económicos planteados.
La decisión fue adoptada por mayoría de dos votos contra uno.
La última batalla: la Corte Suprema de Estados Unidos
Pese al duro revés, los fondos demandantes no abandonaron la disputa.
A comienzos de octubre presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar revertir el fallo favorable a la Argentina.
Sin embargo, la situación procesal favorece al país porque:
- La Corte Suprema no está obligada a tomar el caso.
- Recibe miles de solicitudes por año.
- Solo acepta una pequeña cantidad para revisión.
Si el máximo tribunal decide no intervenir, el fallo de la Cámara quedará firme y la condena de US$ 16.000 millones quedará definitivamente anulada.
Otro frente abierto: el CIADI
Paralelamente, Burford Capital mantiene una presentación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo arbitral vinculado al Banco Mundial.
Ese procedimiento es independiente del litigio desarrollado en Nueva York y podría mantener abierto otro capítulo judicial relacionado con la nacionalización de YPF.
Un cambio drástico de escenario
La decisión de Preska consolida el giro producido en marzo por la Cámara de Apelaciones y coloca a la Argentina en la situación más favorable desde que comenzó el litigio hace más de una década.
Aunque todavía queda la instancia de la Corte Suprema estadounidense, la amenaza de una condena por más de US$ 16.000 millones perdió sustento jurídico y el país quedó a un paso de cerrar uno de los juicios internacionales más significativos surgidos tras la expropiación de YPF.