La Justicia Federal profundizó este miércoles las investigaciones por presunto lavado de activos que involucran a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la financiera Sur Finanzas, ligada a Claudio “Chiqui” Tapia. En un doble frente judicial, los jueces Luis Armella y Daniel Rafecas dispusieron medidas restrictivas que incluyen allanamientos, embargos preventivos y congelamiento de cuentas bancarias de supuestos testaferros y empresas vinculadas.
Nueve allanamientos en la financiera
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó nueve nuevos operativos en domicilios y cajas de seguridad relacionadas con Sur Finanzas, la firma encabezada por el financista Ariel Vallejo. Las medidas se suman a los 17 allanamientos realizados el martes en distintos clubes de fútbol, entre ellos Racing, San Lorenzo, Independiente, Banfield y Barracas Central.
La investigación apunta a determinar si la financiera funcionó como vehículo para blanquear dinero a través de préstamos inflados otorgados a instituciones deportivas con dificultades económicas. Según el expediente, los clubes firmaban por montos superiores a los realmente recibidos, y la diferencia regresaba a la financiera para ser redistribuida en el circuito ilegal.
Monotributistas bajo la lupa
El foco judicial se extendió más allá de los clubes y alcanzó a un grupo de monotributistas que, pese a no contar con capacidad económica real, habrían movido cifras multimillonarias mediante billeteras digitales y cuentas asociadas a Sur Finanzas. Informes de la Dirección General Impositiva (DGI) calificaron a estos contribuyentes como “apócrifos”, al detectar operaciones que no guardan relación con sus declaraciones fiscales.
Los movimientos incluyen transferencias virtuales por “decenas de miles de millones de pesos” y operaciones en efectivo de gran volumen. Como medida precautoria, la Justicia dispuso embargos sobre bienes de Vallejo y su entorno directo.
Congelamiento de cuentas por la mansión de Pilar
En paralelo, el juez federal Daniel Rafecas avanzó con medidas cautelares contra los supuestos propietarios de una mansión de lujo en Villa Rosa, Pilar, valuada en millones y vinculada a Tapia y al dirigente Pablo Toviggino. Las restricciones alcanzan a Luciano Pantano, su madre Ana Conte y la firma Real Central SRL, señalados como prestanombres en la operación.
El magistrado fundamentó las medidas en informes fiscales que revelaron inconsistencias patrimoniales. Conte, jubilada y beneficiaria de subsidios sociales durante la pandemia, no posee ingresos suficientes para justificar la propiedad ni su participación societaria en la empresa. Real Central SRL figura además como titular de al menos 59 vehículos, muchos de ellos de alta gama y colección.
Custodia y próximos pasos
La Policía Federal mantiene custodia en los accesos de la mansión por orden de Rafecas, mientras se aguarda la designación de peritos tasadores para avanzar en la valuación del inmueble. La Sala I de la Cámara Federal porteña deberá resolver en los próximos días la competencia definitiva de la causa, que se perfila como uno de los expedientes más sensibles en la intersección entre el fútbol y las finanzas.
Un caso con impacto institucional
La causa Sur Finanzas expone un entramado que combina dirigentes deportivos, financistas y estructuras societarias presuntamente utilizadas para operaciones de lavado de activos. El avance de los jueces Armella y Rafecas marca un endurecimiento de las medidas judiciales y abre un escenario de tensión para la dirigencia de la AFA y los clubes involucrados.
Analistas judiciales advierten que el desenlace de este proceso podría tener consecuencias no solo en el plano penal, sino también en la gobernanza del fútbol argentino, al poner bajo escrutinio las prácticas financieras de instituciones históricas y sus vínculos con el poder político y económico.