El Gobierno llevará su reclamo por la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas a una nueva instancia internacional. Tras vencer el plazo otorgado al Reino Unido para cesar las actividades vinculadas al proyecto Sea Lion, Argentina buscará que intervenga el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
La Argentina iniciará una nueva etapa de su estrategia diplomática en la disputa por las Islas Malvinas al presentar un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), luego de que el Reino Unido mantuviera su respaldo a los proyectos de exploración y explotación petrolera en el área.
La decisión llega tras concluir el plazo fijado por el Gobierno argentino para que Londres suspendiera las actividades relacionadas con el desarrollo del yacimiento Sea Lion (León Marino), ubicado en la Cuenca Norte de Malvinas, a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago.
Según la posición argentina, la explotación de recursos naturales en una zona cuya soberanía se encuentra en disputa constituye una actividad unilateral incompatible con las resoluciones internacionales que instan a ambas partes a negociar una solución definitiva al conflicto.
El foco de la disputa: Sea Lion
El proyecto Sea Lion es considerado uno de los desarrollos petroleros más importantes del Atlántico Sur.
La iniciativa está impulsada por un consorcio integrado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que prevén iniciar la producción de petróleo durante 2028.
De acuerdo con los planes anunciados por las compañías, la primera etapa permitiría extraer hasta 55.000 barriles diarios, mientras que futuras expansiones podrían elevar la capacidad hasta 125.000 barriles por día.
Las empresas sostienen que operan bajo licencias otorgadas por las autoridades de las Islas Malvinas, mientras que Argentina considera que esas autorizaciones carecen de validez por tratarse de un territorio cuya soberanía continúa siendo objeto de disputa.
Qué puede resolver el Tribunal
La presentación argentina se realizará en el marco de los mecanismos previstos por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
No obstante, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar no resolverá la cuestión de fondo sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Su competencia está limitada a controversias vinculadas al derecho marítimo y al uso de los recursos en los espacios oceánicos regulados por la convención.
El objetivo argentino es cuestionar las actividades de explotación hidrocarburífera impulsadas por el Reino Unido e intentar frenar el avance del proyecto mientras se desarrolla el procedimiento arbitral previsto por el sistema internacional.
Un contexto de creciente tensión
La presentación coincide con otro hecho relevante para la región: la próxima reanudación de la ruta entre Punta Arenas y Puerto Argentino, prevista para las próximas semanas.
La restitución de esa conexión vuelve a poner a las islas en el centro de la agenda diplomática y económica del Atlántico Sur, en momentos en que el desarrollo petrolero aparece como uno de los principales intereses estratégicos de Londres en la zona.
Desde la Cancillería argentina sostienen que la explotación de recursos naturales en un territorio en disputa no puede avanzar sin contemplar los derechos soberanos reclamados por el país. Por su parte, las compañías involucradas aseguran que continuarán adelante con su cronograma de inversiones y perforaciones.
Con la presentación ante el Tribunal del Mar, Argentina abre un nuevo frente internacional en su histórica reclamación sobre las Islas Malvinas y eleva la discusión sobre los recursos energéticos del Atlántico Sur a uno de los principales organismos especializados en derecho marítimo del mundo.