Un nuevo caso vuelve a poner en el centro de la escena a integrantes del ámbito judicial. El abogado y ex relator del Superior Tribunal de Justicia, Marcelo Guzmán, será llevado a juicio oral en octubre, acusado en una causa por violencia de género.
La denuncia fue presentada por su expareja, Carla Kirsten, quien atraviesa un complejo proceso judicial y personal. “El juicio no me va a devolver nada de lo que viví”, expresó, al remarcar que el daño sufrido no tiene reparación más allá de lo que pueda resolverse en sede judicial.
Kirsten también expuso dificultades económicas y familiares que se agravaron con el tiempo. Señaló que su hija menor permanece sin obra social desde diciembre por la falta de gestión del padre, y que la cuota alimentaria resulta insuficiente frente a las responsabilidades que asume en soledad. “Yo me hago cargo de todo”, sostuvo, al describir una situación en la que no existe vínculo entre el padre y la menor, pese a un régimen de visitas establecido judicialmente.
Más allá del caso puntual, el proceso abre un debate mayor sobre el rol de las instituciones que deben controlar la conducta profesional. El Colegio de Abogados ha sido cuestionado por no actuar frente a denuncias de violencia de género contra matriculados, lo que genera preocupación y malestar en distintos sectores.
Referentes judiciales y sociales advierten que no se trata de un hecho aislado: existen antecedentes de otros letrados denunciados por situaciones similares que continúan ejerciendo sin restricciones. La ausencia de medidas disciplinarias alimenta la percepción de una “vista gorda” institucional frente a hechos graves, que contradicen los principios éticos que deberían regir la profesión.
El juicio contra Guzmán será una instancia clave no solo para determinar responsabilidades, sino también para poner bajo la lupa el funcionamiento de las estructuras que deberían garantizar estándares de conducta dentro del sistema judicial.