La decisión del Ejecutivo de postergar la implementación de la nueva metodología del Índice de Precios al Consumidor (IPC) generó un fuerte debate económico. Según un informe técnico del Banco Provincia, mantener la vieja canasta de consumo de 2004 permitirá al Estado un “ahorro estadístico” de casi $5 billones, equivalente al 0,5% del PBI.
El mecanismo del “ahorro”
El informe explica que el beneficio fiscal no proviene de un recorte directo de partidas, sino de una distorsión estadística:
- Los ingresos tributarios ligados al consumo (como el IVA) crecen al ritmo de los precios reales.
- En cambio, las prestaciones sociales (jubilaciones, pensiones, AUH) y la deuda en pesos ajustada por CER se actualizan con un índice que corre por detrás.
La canasta vigente sobrepondera bienes y subrepresenta servicios públicos, justo en un año de quita de subsidios. Si se aplicara la nueva base (2017/18), la inflación anual proyectada sería 2,7 puntos más alta, impactando en la movilidad jubilatoria y en el costo de la deuda indexada.
Impacto en salarios y bolsillo
La estrategia genera una brecha entre la estadística oficial y la realidad de los hogares:
- Con la canasta vieja, el salario privado registrado cayó 1,2% en términos reales entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025.
- Con la canasta actualizada, la caída se profundiza a 7,7% en el mismo período.
Esto explica por qué, pese a que el IPC muestra desaceleración, los indicadores de pluriempleo y endeudamiento familiar están en máximos históricos.
Comparación regional
El informe advierte que Argentina quedó rezagada frente a países vecinos que ya actualizan sus canastas de consumo:
- Uruguay: base 2022.
- Chile: base 2023.
- Brasil y Paraguay: base 2017.
“La Argentina queda rezagada en materia de estadísticas frente a países similares”, concluye el documento.